Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas mínimas comunes del proceso civil en la Unión Europea (2015/2084(INL)

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas mínimas comunes del proceso civil en la Unión Europea (2015/2084(INL).

El objetivo del texto aprobado por el Parlamento Europeo es una «aproximación de los sistemas de enjuiciamiento civil» a través de una «propuesta» de Directiva, así tras una introducción donde se aborda entre otros:

– Epígrafe «Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la autonomía procesal y la tutela judicial efectiva», apartados 1, 2 y 3.

– Epígrafe «Base jurídica de la propuesta», apartado 9. En cuanto se señala que el artículo 114 del TFUE (armonización del mercado interior) ha servido de base para adoptar varios actos de la Unión con implicaciones procesales.

Entrando en el fondo de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas mínimas comunes del proceso civil en la Unión Europea», creo que podrían destacarse las siguientes normas:

– Artículo 5 sobre la videoconferencia o la teleconferencia.

– Artículo 9 relativo a la posibilidad de examinar el asunto sin necesidad de que las partes asistan personalmente.

Respecto a los artículos 5 y 9 entre otros, me imagino que habrá que dotar a los juzgados de España de más medios, vía Ley de Presupuestos Generales del Estado o por otra norma habilitada).

– Artículo 13 referente a que las tasas judiciales no resulten disuasorias o desproporcionadas, y la admisión de su pago a distancia mediante diferentes medios.

– Artículo 14 sobre la traducción de documentos.

Sobre este aspecto, ya están publicadas las siguientes normas y aplicables en España: Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales; y la Directiva 2012/13/UE de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales; y la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

– Artículo 15 concerniente a la «Asistencia jurídica gratuita».

Se incluye el derecho a intérpretes y traductores.

– Artículo 17 sobre «Notificación de documentos».

Este largo precepto será de especial interés para las compañeras/os Procuradores de los Tribunales.

– Artículo 20 sobre «Interpretación y traducción de los documentos esenciales».

– Artículo 23 relativo a la «Independencia judicial e imparcialidad».

El Legislador Comunitario requiere a «Los Estados miembros que velen por que los órganos jurisdiccionales y sus jueces gocen de independencia judicial». Más adelante, por si no fuera suficiente la anterior declaración del apartado 1 del art. 23, dispone en su apartado 2: «En el ejercicio de sus funciones, los jueces no estarán sujetos por instrucciones alguna y estarán exentos de toda influencia o presión y de todo prejuicio o inclinación personal en cualquier asunto del que conozcan».

– Artículo 24 relativo a la «Formación».

En este precepto se compele al poder judicial, a las escuelas judiciales y las profesiones jurídicas para que amplíen los «programas de formación» para garantizar la incorporación del Derecho y los procedimientos de la Unión.

– Artículo 25. Transposición.

Un año desde la fecha de entrada en vigor de la presente (ahora en estado de propuesta) Directiva.

– Artículo 27. Entrada en vigor.

Conforme al criterio general, a los 20 días de su publicación en el DOUE.

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas mínimas comu

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